¿Por qué se declaró el estado de emergencia en Herrera y Los Santos?
El reciente decreto del Consejo de Gabinete que declara el estado de emergencia en las provincias de Herrera y Los Santos por la crisis hídrica originada en la contaminación del río La Villa y sus afluentes representa una medida urgente, pero también revela profundas deficiencias estructurales en la gestión ambiental y sanitaria de Panamá. Aunque la Resolución 6925 autoriza hasta 10 millones de dólares para contrataciones especiales destinadas a mitigar esta crisis, la magnitud del problema y la forma en que se ha comunicado exigen un análisis crítico sobre las causas, las soluciones planteadas y los mensajes oficiales.
¿Cuál es el origen del problema con el río La Villa?
Desde hace años, la contaminación del río La Villa ha sido un problema conocido y denunciado. Sin embargo, solo hasta ahora se ha decretado formalmente la emergencia, cuando los niveles de turbiedad y materia orgánica en el agua obligaron a suspender la operación de las plantas potabilizadoras, dejando a miles de habitantes sin acceso a agua potable segura.
¿Qué dice el Ministerio de Salud sobre el consumo de agua?
El ministro de Salud, Fernando Boyd, reconoció que el agua distribuida no es apta para consumo humano ni para higiene personal, recomendando el uso exclusivo de agua embotellada o suministrada por camiones cisterna. Esta advertencia, aunque necesaria, evidencia la gravedad de una crisis que no es nueva, sino resultado de décadas de negligencia en la regulación ambiental y el control de actividades contaminantes, como la porcicultura, que representa el 40% de la economía local y ha sido señalada como una fuente significativa de contaminación orgánica.
¿Qué establece el decreto en términos de financiamiento y duración?
El decreto establece un plazo hasta diciembre de 2025 para ejecutar contrataciones especiales y realizar obras y adquisiciones necesarias para atender la emergencia, con un presupuesto autorizado de hasta 10 millones de dólares.
¿Hay garantías sobre el uso transparente de los recursos asignados?
Esta medida plantea interrogantes sobre la transparencia y la eficacia en el uso de estos recursos. La rapidez en las contrataciones especiales, aunque justificada por la emergencia, puede abrir espacios para prácticas opacas si no se establecen controles rigurosos y auditorías independientes. Además, la resolución exige informes detallados sobre las adquisiciones, pero no especifica mecanismos claros para garantizar la rendición de cuentas ni para sancionar posibles irregularidades.
¿Qué soluciones técnicas se han planteado hasta el momento?
La comunicación oficial ha enfatizado la reactivación parcial de las plantas potabilizadoras y la ejecución de obras para mejorar el suministro, pero ha omitido abordar con claridad las causas profundas de la contaminación. La contaminación multifactorial del río La Villa, que incluye desechos orgánicos y químicos, requiere intervenciones integrales como la restauración de cuencas hidrográficas, la regulación estricta de las actividades agroindustriales y el desarrollo de tecnologías avanzadas de tratamiento de agua.
¿Por qué se critica la falta de un plan de mediano y largo plazo?
La ausencia de un plan de mediano y largo plazo en el discurso gubernamental sugiere un enfoque paliativo más que preventivo. Sin un compromiso sostenido con soluciones estructurales, es probable que situaciones similares se repitan en el futuro cercano.
¿Cómo ha sido la comunicación oficial frente a esta crisis?
La comunicación presidencial y ministerial presenta omisiones estratégicas. El uso de términos técnicos como “turbiedad” y “materia orgánica” puede diluir la percepción pública sobre la gravedad real de la contaminación fecal y química que afecta el agua. Además, la exclusión explícita del Ministerio de Ambiente en la coordinación directa de las acciones para enfrentar la emergencia genera dudas sobre la integración interinstitucional necesaria para una gestión ambiental efectiva.
¿Hay claridad sobre los tiempos para restaurar el servicio de agua potable?
No. La falta de cronogramas claros y verificables para la normalización del suministro de agua potable añade incertidumbre a la población afectada, que exige respuestas concretas y plazos realistas sobre cuándo volverán a contar con agua segura.
¿Qué interrogantes siguen pendientes?
Quedan preguntas sin respuesta:
- ¿Cómo se garantizará que los recursos asignados no se destinen solo a paliativos temporales?
- ¿Qué medidas se tomarán para evitar que la crisis se repita después de diciembre de 2025?
- ¿Existe un compromiso real para transformar las prácticas agrícolas y ganaderas que contaminan las fuentes hídricas?
¿Qué se requiere para resolver estructuralmente esta crisis?
La declaración de emergencia es un paso necesario, pero insuficiente si no va acompañado de un compromiso transparente, integral y sostenible para proteger el derecho humano al agua potable en Herrera y Los Santos. La crisis hídrica en Azuero desnuda la necesidad urgente de una política ambiental robusta y de una gestión pública responsable que no solo reaccione ante emergencias, sino que prevenga sus causas estructurales.
¿Cuál debe ser el papel de la ciudadanía y de la comunicación pública?
La comunicación oficial debe ser clara y completa, evitando tecnicismos que oculten la realidad y promoviendo la participación ciudadana en la vigilancia y solución de este problema vital para la región. Solo así se logrará avanzar hacia una gobernanza hídrica más equitativa, transparente y sostenible.
