Un cabildeo por distintos puntos del interior el país y de la capital realizará la Comisión legislativa de Asuntos de la Mujer con el fin de divulgar los objetivos del proyecto de ley general de pensión alimenticia.
La propuesta busca eliminar el “juega vivo” de aquellos que no cumplen con sus compromisos de pagos sobre materia de alimentos. Además se tiene la intención de eliminar la competencia de los corregidores de conocer estos procesos.
Para la diputada presidenta de la instancia, Marilyn Vallarino, el tema representa un interés en todo el país, lo que hace necesario hacer, afirmó, las consultas con el fin de escuchar abiertamente a todas esas vivencias relacionadas a la ejecución de las pensiones alimenticias.
Dijo que la intención no es tomar una decisión apresurada y en la que ella decida, sino que será el resultado de un consenso, de tal forma de hacer llegar un documento completo al Pleno de la Asamblea cuando se discuta en segundo debate.
“Esta es una ley para los irresponsables”, afirmó Vallarino, porque, según dijo, el que cumple con su compromiso no tiene que preocuparse. Además la norma no protege solo a la mujer, ya que hay muchos hombres que cumplen con sus hijos.
La citada instancia, como primer paso, se reunió por más de tres horas con jueces, abogados y Magistrados de la Niñez y la Adolescencia que coincidieron en la urgencia de aprobar una iniciativa de tal magnitud.
Algunos expresaron que la razón por la cual se debe dar trámite a esta iniciativa, independientemente de una reforma integral al Código de la Familia, es que se trata de un derecho humano que al violarse deja en indefensión al niño.
Argumentaron que existen ya estadísticas en el país de niños que han muerto por hambre debido a la irresponsabilidad, y por esa razón, añadieron, urge atacar rápidamente el problema.
Al igual, compartieron la necesidad de eliminar la competencia de las corregidurías de conocer estos procesos de alimentación, ya que en su mayoría desconocen de leyes y son personas que ocupan el puesto por motivos políticos. Las autoridades en la materia creen que la responsabilidad debe recaer en los juzgados municipales.
