En el corazón del Caribe panameño, la provincia de Bocas del Toro atraviesa una crisis que ya desborda los límites de una protesta local y se convierte en un síntoma alarmante de los problemas estructurales que aquejan a todo el país. Tras más de un mes de protestas, bloqueos y paralización de servicios, Bocas del Toro enfrenta un colapso económico y social: desabastecimiento de alimentos y medicinas, desempleo en alza, estudiantes sin clases y hospitales con cirugías aplazadas.
La situación, agravada por el retiro de una de las principales empresas empleadoras y la caída del turismo, ha dejado a miles de familias sin sustento y al tejido social al borde del quiebre.
Las cifras son contundentes: la pobreza afecta al 44.8% de la población y la pobreza extrema al 22.6%, mientras que el desempleo podría superar el 15%. Esta crisis no es un hecho aislado, sino la consecuencia de décadas de abandono estatal, promesas incumplidas y una inversión pública insuficiente frente a las necesidades reales de la provincia.
Lo que ocurre en Bocas del Toro es, en esencia, un reflejo de las desigualdades, la informalidad laboral y la falta de oportunidades que golpean a muchas regiones de Panamá.
¿Por qué protestan en Bocas del Toro?
Las protestas en Bocas del Toro tienen raíces profundas. El detonante inmediato fue el cierre de operaciones de la empresa Chiquita Panamá, histórica columna vertebral del empleo local, tras un prolongado conflicto sindical y desacuerdos sobre condiciones laborales y garantías legales. El Sindicato de Trabajadores del Banano (SITRAIBANA) mantuvo una huelga en defensa de derechos adquiridos, mientras el gobierno argumentaba que la Ley 462 protegía esas condiciones y llamaba al diálogo. Sin embargo, la población percibe que el problema va mucho más allá de una disputa laboral: se trata de décadas de promesas rotas, proyectos inconclusos y ausencia de oportunidades reales de desarrollo.
El turismo, otro motor clave de la economía bocatoreña, también ha sido golpeado por la crisis. La violencia y la falta de servicios han ahuyentado a visitantes nacionales y extranjeros, agravando el desabastecimiento y la pérdida de ingresos. La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa han advertido que la situación ya no aguanta más inacción y que la provincia “da mucho al país, pero ha recibido muy poco”.
¿Qué ha hecho el Estado hasta ahora?
El gobierno ha respondido con la creación de comisiones de alto nivel, conferencias de prensa y anuncios de inversión pública. A inicios de junio de 2025, una delegación de siete ministros viajó a la provincia para anunciar acciones concretas: reactivación de proyectos de infraestructura, atención a los sectores más vulnerables y llamado al cese de los bloqueos. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, desde 2019 se han invertido cerca de 800 millones de balboas en proyectos de carreteras, escuelas, hospitales y viviendas, especialmente en los 19 corregimientos más vulnerables de la provincia.
Entre los proyectos destacados figuran la construcción de un hospital en Almirante, mejoras en la red eléctrica de Isla Colón, nuevas escuelas y soluciones habitacionales. Estos esfuerzos forman parte del Plan Colmena, orientado a combatir la pobreza multidimensional en las regiones más rezagadas. Sin embargo, la ejecución de muchos de estos proyectos ha sido lenta, y en algunos casos, las obras han quedado paralizadas o inconclusas, alimentando el desencanto ciudadano.
¿Por qué la crisis de Bocas del Toro refleja los problemas de todo Panamá?
La situación de Bocas del Toro es el resultado de problemas estructurales que afectan a todo el país, pero que en la provincia se manifiestan con mayor crudeza. Panamá, a pesar de su crecimiento económico en las últimas décadas, enfrenta lo que expertos llaman “trampas estructurales”: alta informalidad laboral (49.3% a nivel nacional), debilidad institucional, baja inversión en investigación y desarrollo, y un sistema educativo que no responde a las demandas del mercado laboral. La falta de confianza en las instituciones y la percepción de corrupción agravan la incapacidad estatal para implementar reformas de largo plazo.
En Bocas del Toro, estas trampas se traducen en cifras alarmantes: más de 5 mil trabajadores despedidos en el último año, pérdidas económicas superiores a 75 millones de dólares, y una inversión pública per cápita históricamente inferior a la de provincias centrales como Panamá o Coclé. El acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad y saneamiento sigue siendo deficiente, y los indicadores educativos muestran rezagos en matrícula, permanencia y calidad.
¿Cuáles son los antecedentes históricos de abandono y conflicto en la provincia?
La historia de Bocas del Toro está marcada por episodios de disputa territorial, abandono estatal y ciclos de promesas incumplidas. Desde el siglo XIX, cuando la región fue escenario de conflictos fronterizos y cambios de jurisdicción, hasta la actualidad, la provincia ha sido vista como periférica en la agenda nacional. En los últimos 30 años, diversos gobiernos han anunciado planes de desarrollo, licitaciones de grandes proyectos y programas sociales, muchos de los cuales quedaron a medio camino por falta de seguimiento, corrupción o cambios de administración.
En 2018, por ejemplo, la construcción de una sede judicial quedó abandonada con apenas un 55% de avance, generando frustración y desconfianza en la población. El Plan Colmena, lanzado en 2019, incluyó a Bocas del Toro entre las regiones prioritarias, pero la ejecución ha sido desigual y los resultados aún no se reflejan en mejoras palpables para la mayoría de los habitantes.
¿Cómo afecta la crisis de Bocas del Toro al resto del país?
El impacto de la crisis trasciende las fronteras provinciales. Bocas del Toro es un importante productor de banano y cacao, y su turismo genera divisas y empleo indirecto en otras regiones. El colapso de la actividad económica ha provocado desabastecimiento de productos agrícolas y alimentos en mercados nacionales, así como una caída en el flujo de turistas a nivel país. Además, la crisis ha puesto en evidencia la fragilidad del modelo de desarrollo panameño, basado en polos de crecimiento y grandes brechas territoriales.
El aumento del desempleo y la migración interna desde Bocas del Toro hacia la capital o provincias centrales podría agravar la presión sobre los servicios públicos y el mercado laboral en otras zonas. La inestabilidad social y la percepción de inseguridad también afectan la imagen internacional de Panamá como destino turístico y de inversión.
¿Qué dicen los datos económicos y sociales sobre la provincia?
Según datos oficiales, Bocas del Toro es una de las provincias con mayores índices de pobreza y exclusión social en Panamá. El 44.8% de su población vive en condiciones de pobreza y el 22.6% en pobreza extrema. El desempleo supera el 15% y la informalidad laboral es la norma, especialmente en zonas rurales y entre jóvenes y mujeres.
La inversión pública per cápita, aunque ha aumentado en los últimos años, sigue siendo insuficiente para cerrar las brechas en infraestructura, salud y educación. El acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad y saneamiento es limitado en muchos corregimientos, y los indicadores educativos muestran altos niveles de deserción y bajo rendimiento académico.
¿Qué omisiones y pendientes persisten por parte del Estado y otros actores?
A pesar de los anuncios y planes, persisten omisiones clave: la falta de seguimiento y evaluación de proyectos, la ausencia de mecanismos efectivos de participación ciudadana y la débil coordinación entre instituciones. Muchos proyectos se anuncian en ferias o campañas, pero su ejecución se retrasa o se paraliza por falta de recursos, conflictos legales o cambios de administración. La transparencia en el uso de fondos públicos y la rendición de cuentas siguen siendo asignaturas pendientes.
El sector privado, por su parte, ha reclamado mayor seguridad jurídica y condiciones para invertir, pero también ha reducido su presencia ante la inestabilidad y la falta de incentivos claros. Los gremios y sindicatos, aunque defienden derechos laborales legítimos, han sido criticados por recurrir a medidas de presión que afectan a toda la comunidad y dificultan el diálogo.
¿Qué recomiendan los expertos y la ciudadanía para salir de la crisis?
Las recomendaciones más repetidas por expertos, gremios y líderes comunitarios apuntan a la necesidad de un pacto social y económico para la provincia, basado en acciones concretas y medibles:
- Para el gobierno: Priorizar la ejecución efectiva y transparente de los proyectos ya anunciados, con mecanismos de rendición de cuentas y participación ciudadana. Garantizar la continuidad de las obras más allá de los ciclos electorales y fortalecer la presencia institucional en la provincia.
- Para los gremios y sindicatos: Mantener el diálogo abierto y buscar mecanismos de negociación que no paralicen la economía local ni afecten a los más vulnerables. Promover la capacitación y reconversión laboral ante los cambios en el mercado.
- Para la comunidad: Organizarse en comités de vigilancia ciudadana para supervisar la ejecución de obras y exigir transparencia. Participar activamente en los espacios de consulta y planificación local.
- Para la empresa privada: Apostar por inversiones socialmente responsables, generando empleo local y contribuyendo al desarrollo sostenible de la provincia, en alianza con el sector público y la sociedad civil.
- Para los medios de comunicación: Informar con rigor y profundidad, evitando la estigmatización de la provincia y visibilizando tanto los problemas como las iniciativas de solución.
La crisis de Bocas del Toro no es solo el drama de una provincia, sino el espejo de las fracturas históricas, sociales y económicas de Panamá. Abordarla exige un compromiso real, sostenido y transparente de todos los actores, con la mirada puesta en la equidad territorial y el desarrollo humano. Solo así se podrá evitar que la historia de abandono y promesas incumplidas se repita una vez más, y que la crisis de hoy no sea la antesala de nuevas fracturas mañana.
