Las telecomunicaciones cortadas revelan el verdadero alcance de una medida constitucional que pone a prueba los límites del Estado de derecho en Panamá
El silencio digital que envuelve a Bocas del Toro desde hace días no es casualidad. En una era donde la conectividad define la existencia social y económica, el gobierno panameño ha tomado una decisión que trasciende lo meramente administrativo: desconectar a una provincia entera del mundo. El Decreto No. 28, que extiende el estado de urgencia hasta el 29 de junio, no solo suspende derechos fundamentales; crea un vacío informativo que plantea preguntas incómodas sobre los límites del poder estatal en una democracia del siglo XXI.
Esta no es la primera vez que Panamá recurre a medidas extraordinarias, pero sí es la primera vez en décadas que lo hace con la precisión quirúrgica de quien conoce exactamente qué puede y qué no puede suspender constitucionalmente. La paradoja es reveladora: mientras el gobierno mantiene escrupulosamente el habeas corpus —ese último bastión de protección legal que organismos internacionales consideran inderogable—, simultáneamente corta las comunicaciones que permitirían a los ciudadanos saber si necesitan ejercer ese derecho.
Las raíces de una crisis anunciada
Para entender cómo llegamos a este punto, es necesario retroceder hasta marzo de 2024, cuando la Ley 462 —oficialmente conocida como Ley de Protección del Consumidor y Defensa de la Competencia— se aprobó entre controversias que entonces parecían menores. La legislación, que incluía reformas al sector bananero, fue percibida por trabajadores y comunidades locales como una amenaza directa a sus condiciones laborales y medios de subsistencia.
El sector bananero de Bocas del Toro no es solo una actividad económica; es el eje articulador de una sociedad que ha construido su identidad alrededor de las plantaciones. Las comunidades de Hornitos, Changuinola y Rambalá no son simples accidentes geográficos donde estalló la violencia; son nodos de una red social y económica que se sintió amenazada por cambios legislativos percibidos como impuestos desde el poder central.
La tensión se incubó durante meses. Los líderes comunitarios alertaron sobre el malestar creciente, pero sus voces se perdieron en el ruido político de una capital que, como tantas veces en la historia latinoamericana, subestimó la capacidad de movilización de las periferias. Cuando finalmente estalló la crisis, lo hizo con una violencia organizada que tomó por sorpresa incluso a los analistas más experimentados.
Anatomía de un decreto excepcional
El Decreto No. 28 es un documento de apenas unas páginas que encapsula décadas de jurisprudencia constitucional y lecciones aprendidas de crisis anteriores. Su precisión legal es notable: suspende la libertad de tránsito, el derecho de reunión, la inviolabilidad del domicilio y el derecho de defensa, pero mantiene intacto el artículo 23 de la Constitución que garantiza el habeas corpus.
Esta selectividad no es accidental. Responde a presiones de organismos internacionales, particularmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que durante décadas ha establecido que ciertos derechos son absolutamente inderogables, incluso en estados de emergencia. La abogada constitucionalista Magaly Castillo, una de las voces más respetadas en el análisis jurídico panameño, ha señalado que esta aproximación representa una evolución en la aplicación de medidas extraordinarias en el país.
Pero la sofisticación legal del decreto contrasta dramáticamente con su implementación práctica. El corte de telecomunicaciones, aunque no explícitamente prohibido por la constitución, genera un vacío legal gris que preocupa a expertos en derechos humanos. ¿Cómo puede un ciudadano ejercer su derecho al habeas corpus si no puede comunicarse con un abogado? ¿Cómo puede la prensa cumplir su función fiscalizadora si no tiene acceso a las fuentes de información?
El costo humano de la desconexión
María Rodríguez no es su nombre real. Por seguridad, esta trabajadora de una plantación bananera en Changuinola prefiere el anonimato. Su testimonio, obtenido antes del corte total de comunicaciones, ilustra el impacto humano de una crisis que los titulares reducen a estadísticas de violencia y decretos gubernamentales.
«Mi hijo estudia en la universidad en la capital», relata María. «No he podido hablar con él desde que cortaron todo. No sé si está bien, si tiene dinero, si sabe lo que está pasando acá». Esta angustia, multiplicada por miles de familias, revela una dimensión del conflicto que raramente aparece en los análisis políticos: el costo emocional y social de la desconexión forzada.
Los periodistas locales enfrentan un dilema profesional sin precedentes. Julio Méndez, corresponsal de un medio nacional en Bocas del Toro, describe la situación como «informar en la era pre-digital». Sin internet ni telefonía móvil, los reporteros deben recurrir a métodos que no utilizaban desde los años noventa: teléfonos fijos escasos, mensajeros físicos y, en algunos casos, viajes a provincias vecinas para enviar información.
Esta desconexión no solo limita el flujo informativo; transforma la naturaleza misma del conflicto. Sin la posibilidad de viralización en redes sociales, sin la presión de la opinión pública nacional conectada en tiempo real, los eventos en Bocas del Toro adquieren una dimensión casi surrealista: una crisis del siglo XXI manejada con herramientas del siglo XX.
La aritmética de la emergencia: De 10 a 40 Millones
Pocas decisiones revelan tanto sobre las prioridades gubernamentales como la gestión presupuestaria durante una crisis. El aumento de fondos de emergencia de 10 a 40 millones de dólares —una cuadruplicación autorizada casi sin debate público— plantea preguntas que van más allá de la mera administración financiera.
¿Qué justifica exactamente esta cifra? Los documentos oficiales hablan vagamente de «recuperación provincial», pero la opacidad inherente a las contrataciones de emergencia dificulta el escrutinio público. En un país donde la transparencia en el gasto público ha sido históricamente problemática, la combinación de fondos extraordinarios y comunicaciones cortadas crea las condiciones perfectas para lo que los auditores llaman «riesgo de discrecionalidad extrema».
La responsabilidad, según el decreto, recae en «los representantes legales» de las instituciones ejecutoras. Esta fórmula, aparentemente técnica, esconde una realidad política: en situaciones de emergencia, los mecanismos normales de control y supervisión se debilitan considerablemente. La Contraloría General de la República, el ente fiscalizador por excelencia, opera con limitaciones cuando se trata de gastos clasificados como urgentes.
Un análisis de crisis similares en América Latina revela un patrón preocupante: los estados de emergencia que se acompañan de aumentos presupuestarios significativos tienden a extenderse más allá de sus plazos iniciales. Colombia en los años noventa, Ecuador en la década pasada, incluso Chile durante el estallido social de 2019, muestran que la tentación de mantener el flujo extraordinario de recursos puede influir en la duración de las medidas excepcionales.
Voces desde el poder: La perspectiva oficial
El ministro de Seguridad, Ábrego, ha sido el rostro público de la justificación gubernamental. Sus declaraciones, analizadas en conjunto, revelan una narrativa coherente pero no exenta de contradicciones. Por un lado, enfatiza la presencia de grupos criminales organizados con nombres que evocan la cultura popular urbana: «Los Terroristas», «Branda», «Pachos», «Boys and The Hood». Esta nomenclatura no es trivial; sugiere una organización que trasciende la protesta espontánea y se adentra en el territorio de la criminalidad estructurada.
Sin embargo, la misma existencia de estos grupos plantea preguntas incómodas sobre la capacidad de inteligencia estatal. Si estas organizaciones eran conocidas y monitoreadas, ¿cómo lograron coordinar acciones de tal magnitud? ¿Por qué las medidas preventivas fueron insuficientes?
Fuentes gubernamentales, que requieren anonimato para hablar libremente, admiten que la escalada de violencia superó las proyecciones iniciales. «Esperábamos protestas, incluso algunos disturbios», reconoce un funcionario de alto rango del Ministerio de Gobierno. «No esperábamos la sofisticación logística que demostraron estos grupos».
Esta admisión involuntaria revela una de las paradojas centrales de la crisis: un gobierno que, por un lado, presenta la situación como controlable y temporal, pero por otro, implementa medidas que sugieren una amenaza de magnitud considerable y duración incierta.
El precedente latinoamericano: Lecciones no aprendidas
La historia reciente de América Latina está plagada de estados de emergencia que comenzaron como respuestas justificadas a crisis reales y terminaron convirtiéndose en herramientas de control político. El caso panameño no ocurre en un vacío; se inscribe en una tradición regional donde la línea entre la necesidad de orden y la tentación autoritaria es constantemente renegociada.
Chile durante el estallido social de 2019 ofrece paralelos instructivos. El gobierno de Sebastián Piñera declaró estado de emergencia en varias regiones, suspendió derechos fundamentales y desplegó fuerzas militares en las calles. La medida, inicialmente respaldada por amplios sectores de la sociedad preocupados por la violencia, gradualmente perdió legitimidad cuando se hizo evidente que las causas estructurales del conflicto no estaban siendo abordadas.
Ecuador, bajo la presidencia de Lenín Moreno, enfrentó una situación similar en 2019 cuando las protestas contra las medidas de austeridad llevaron a la declaración de estado de excepción. La suspensión de garantías constitucionales logró restablecer el orden a corto plazo, pero al costo de una polarización política que persiste hasta hoy.
El denominador común en estos casos es la tendencia a tratar síntomas en lugar de causas. Los estados de emergencia pueden silenciar la protesta, pero raramente resuelven los problemas que la generaron. Más preocupante aún, pueden crear nuevos problemas: erosión de la confianza institucional, normalización de la excepcionalidad y debilitamiento de los mecanismos democráticos de resolución de conflictos.
La dimensión internacional: Panamá bajo escrutinio
La respuesta internacional al estado de urgencia en Bocas del Toro ha sido, hasta ahora, moderada pero vigilante. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado «preocupación» por las restricciones a las comunicaciones, mientras que organizaciones como Human Rights Watch han llamado a un «monitoreo estrecho» de la situación.
Esta contención diplomática refleja, en parte, la sofisticación legal del decreto panameño. Al mantener el habeas corpus y establecer mecanismos de supervisión legislativa, el gobierno ha logrado mantenerse dentro de los márgenes técnicamente aceptables del derecho internacional. Sin embargo, la práctica —especialmente el corte de comunicaciones— genera preocupaciones que van más allá de la letra de los tratados.
El embajador de Estados Unidos en Panamá, en declaraciones off the record, ha expresado preocupación por las implicaciones comerciales de la crisis. El Canal de Panamá, aunque no directamente afectado, opera en un contexto donde la estabilidad política es fundamental para la confianza de los usuarios internacionales. Una crisis prolongada podría afectar la percepción de Panamá como un socio comercial confiable.
La Unión Europea, a través de su delegación en Centroamérica, ha llamado al «diálogo y la búsqueda de soluciones pacíficas». Esta formulación diplomática, aparentemente neutra, esconde una preocupación más profunda sobre el precedente que podría establecer el manejo panameño de la crisis.
Escenarios de futuro: Tres caminos posibles
El análisis prospectivo de la crisis en Bocas del Toro revela tres escenarios principales, cada uno con implicaciones profundamente diferentes para el futuro democrático de Panamá.
Escenario 1: Normalización Gradual. En este caso, el gobierno logra restablecer el orden sin recurrir a extensiones adicionales del estado de urgencia. Las comunicaciones se restablecen, los líderes comunitarios moderados retoman el control del diálogo y se abre un proceso de negociación sobre las reformas a la Ley 462. Este es el escenario más optimista, pero requiere que el gobierno demuestre flexibilidad política y que los grupos más radicales no logren sabotear las conversaciones.
Escenario 2: Extensión Indefinida. La violencia persiste o se reaviva cada vez que se levantan las restricciones, llevando a sucesivas prórrogas del estado de urgencia. En este caso, la medida excepcional se convierte en una nueva normalidad, erosionando gradualmente la cultura democrática y creando precedentes peligrosos para futuras crisis. La experiencia internacional sugiere que este es el escenario más probable si no se abordan las causas estructurales del conflicto.
Escenario 3: Escalada Regional. El conflicto se extiende a otras provincias o inspira movimientos similares en otros países centroamericanos. En este caso, Bocas del Toro se convierte en el epicentro de una crisis regional que desborda las capacidades nacionales de respuesta y requiere intervención internacional.
La probabilidad de cada escenario depende, en gran medida, de decisiones que el gobierno debe tomar en las próximas semanas: ¿mantendrá una aproximación puramente securitaria o abrirá espacios para el diálogo político? ¿abordará las causas estructurales del conflicto o se contentará con controlar sus síntomas?
Las preguntas sin respuesta
Mientras escribo estas líneas, Bocas del Toro permanece desconectada del mundo digital. Esta desconexión, más que una medida técnica, se ha convertido en una metáfora de las preguntas sin respuesta que plantea esta crisis.
¿Puede una democracia moderna funcionar sin transparencia informativa? ¿Es sostenible un orden basado en la suspensión de derechos fundamentales? ¿Qué precedente establece para futuras crisis la normalización de la desconexión digital como herramienta de control social?
Estas preguntas trascienden el caso específico de Panamá. En una era donde la información es poder y la conectividad es un derecho emergente, el experimento panameño de governance por desconexión está siendo observado atentamente por gobiernos de toda la región.
La paradoja final es que, al intentar controlar la narrativa a través del silencio, el gobierno panameño ha creado un vacío que invita a especulaciones más dañinas que cualquier reportaje crítico. En la era de la información, el silencio no es neutralidad; es una declaración política en sí misma.
El Precio del Orden
El estado de urgencia en Bocas del Toro plantea una pregunta fundamental sobre la naturaleza de la democracia en el siglo XXI: ¿cuánta libertad estamos dispuestos a sacrificar en nombre del orden? La respuesta no es académica; se está escribiendo en tiempo real en una provincia panameña desconectada del mundo.
La sofisticación legal del Decreto No. 28 demuestra que los gobiernos modernos han aprendido a navegar los límites constitucionales con precisión quirúrgica. Pueden suspender derechos sin violar técnicamente las normas internacionales, pueden controlar la información sin censura formal, pueden ejercer poder extraordinario dentro de marcos aparentemente democráticos.
Pero la legalidad no garantiza la legitimidad, y la constitucionalidad no asegura la sostenibilidad. El verdadero test del manejo gubernamental de esta crisis no será si logra restablecer el orden —algo que, con suficiente fuerza, cualquier gobierno puede conseguir temporalmente—, sino si logra hacerlo preservando la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.
En las próximas semanas, cuando las comunicaciones se restablezcan y los testimonios completos de lo ocurrido durante el silencio digital salgan a la luz, sabremos si Panamá habrá encontrado una nueva forma de manejar las crisis sociales o si simplemente habrá pospuesto una confrontación inevitable con las contradicciones de su modelo de desarrollo.
La historia de Bocas del Toro aún se está escribiendo, pero ya ha dejado una lección clara: en la era digital, el silencio es la forma más ruidosa de comunicación política.
